La complicidad judicial con los crímenes de la dictadura

El procesamiento del ex juez Ricardo Lona en Salta

El ex juez y camarista federal Ricardo Lona fue procesado sin prisión preventiva como autor y partícipe secundario en más de un centenar de delitos de lesa humanidad en Salta durante la última dictadura. La decisión del juez federal subrogante Esteban Hansen se produjo a casi quince años de la acusación impulsada por el fiscal general Carlos Amad, que definió a Lona como “cómplice de las aberraciones cometidas por los usurpadores del poder” en el norte argentino. El proceso, que ratifica la lentitud del Poder Judicial para analizar la conducta de sus propios miembros, incluyó la recolección de pruebas y la recepción de testimonios pero sobre todo infinitas recusaciones y planteos dilatorios del ex magistrado, que tuvo entre sus defensores al ex camarista y ministro radical Ricardo Gil Lavedra.

Lona, de 85 años, fue condenado en 2019 a una pena de 15 años de prisión por sus acciones y omisiones para asegurar la impunidad de los autores del secuestro y asesinato del ex gobernador salteño Miguel Ragone semanas antes del golpe de Estado. El juez Fernando Poviña lo procesó también como partícipe necesario de la Masacre de Palomitas, la ejecución de once presos políticos del penal de Villa Las Rosas el 6 de julio de 1976, causa que tramita por el viejo Código Procesal Penal y por la que todavía no recibió una sentencia.

La resolución del jujeño Hansen, subrogante en Salta, tiene casi 500 fojas en las que desmenuza la responsabilidad de Lona como autor del delito de prevaricato y omisión de promover la acción penal en 78 casos, a los que se suma el delito de haber omitido, retardado o rehusado hacer cesar detenciones ilegales en otros 23 casos. También lo consideró partícipe secundario de homicidios agravados (23), tormentos agravados (25), privación abusiva de la libertad agravada (64), allanamientos ilegales (32), lesiones (2), amenazas y coacción (13). Sólo en tres casos de violaciones sexuales agravadas le dictó la falta de mérito. Además del procesamiento le dictó un embargo por un millón de pesos.

Lona asumió como juez federal de Salta en noviembre de 1975. Los primeros delitos que le imputó el fiscal Amad son de ese mismo año. “El accionar del entonces juez Lona responde a un patrón: el de no investigar los hechos que aparecían como cometidos por las fuerzas armadas o de seguridad, en el ámbito de la alegada lucha contra la subversión o situaciones afines, y paralizar las actuaciones sin la investigación previa que los deberes de su función le demandaban”, cita a la fiscalía la resolución del juez. Amad recordó que “un gran número de los casos que aquí se le endilgan al ex juez federal ya fueron objeto de debate, en orden a la responsabilidad que en ellos tuvieron miembros de las fuerzas de seguridad”, y consideró “innegable que parte del Poder Judicial, destinado a brindar amparo a todos los habitantes de la Nación contra el autoritarismo, se convirtió en cómplice de las aberraciones cometidas por los usurpadores del poder, intentando dar visos de legalidad a las detenciones ilegales, imprimiendo un trámite meramente formal a los recursos de hábeas corpus, archivando las denuncias por secuestros, homicidios y torturas, impulsando causas que tenían por imputados a las víctimas”. “El terrorismo de Estado contó en Salta con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial, que se adaptó sin más al plan sistemático de represión y aniquilamiento de una parte de la población civil, so pretexto de la denominada ‘lucha contra la subversión’, imperante en aquellos años”, remarcó.

Lona fue indagado por videoconferencia el 6 de agosto del año pasado y después presentó una serie de descargos para intentar desvincularse de los hechos. Invocó que los delitos estaban prescriptos e intentó minimizar su responsabilidad al sostener que “carecía de práctica en el manejo del proceso penal pues se venía desempeñado en el ámbito del derecho administrativo y financiero, como secretario de un Juzgado de Primera Instancia y de Cámara, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, de la ciudad de Buenos Aires”, recordó Hansen. También dijo que “le tocó iniciarse en situaciones complicadas para las que no estaba preparado en materia penal”, apuntó.

“De la compulsa de los mencionados legajos de prueba surge que el ex juez Lona no habría adoptado ninguna medida de investigación, más allá de las realizadas en sede policial”, concluyó el juez. “De hecho, el cliché utilizado por el entonces magistrado para suspender la investigación, sugeriría que ni siquiera leyó el sumario ni tuvo en cuanta los pocos testimonios recabados dándole fin en un mismo día a dos expedientes”, sostuvo.